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  • Edición impresa de Diciembre 5, 2017.

Lo nuevo sobre DACA

La administración Trump dio un tremendo golpe a la comunidad inmigrante el 5 de septiembre de 2017, cuando anunció la eliminación inmediata del programa Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA). El Fiscal General, Jeff Sessions, quien anunció el cambio en la política, dijo que las solicitudes que aún no habían sido recibidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) no serían aceptadas incluso si habían sido enviadas por correo antes del anuncio sobre el cambio. Normalmente se nombra una fecha límite después de la cual no se aceptarán nuevas solicitudes, para que aquellos con solicitudes en proceso las puedan terminar. El método utilizado para implementar el cambio fue descorazonado.

Sessions también anunció que queda en manos del Congreso aprobar una ley que proteja a los beneficiarios de DACA comúnmente llamados Dreamers. De modo que el Parlamento tiene tiempo hasta marzo del 2018 para arreglar el dilema de DACA, que fue creado deliberadamente por la administración Trump.

La Casa Blanca recientemente envió al Congreso una larga lista de demandas crudas de inmigración que la administración de Trump está exigiendo a cambio de cualquier propuesta para proteger a los Dreamers.

Antes de acordar proporcionar un estatus legal para 800,000 jóvenes inmigrantes traídos a los Estados Unidos de niños, el Gobierno está insistiendo en la construcción de un muro a lo largo de la frontera sur, la contratación de 10,000 agentes de inmigración, leyes más estrictas para aquellos que buscan asilo y la negación de concesiones federales a las “ciudades santuario”.

La Casa Blanca también está exigiendo el uso del programa E-Verify para evitar que las empresas contraten inmigrantes ilegales, poniendo así fin a que la gente traiga a su familia extendida a los Estados Unidos, y reforzando la frontera contra miles de niños que huyen de la violencia en Centroamérica.

Aunque sigue no estando claro si Trump ve estas demandas como requisitos absolutos o el comienzo de una negociación, todas las propuestas juntas suman a un rendimiento fuerte de la inmigración ante la Casa Blanca. Los partidarios de la inmigración desde hace tiempo se han opuesto a estas políticas, llamándolas drásticas e incluso racistas.

Las demandas representaron un esfuerzo concertado para ampliar el debate esperado en el Congreso sobre los Dreamers, a uno que abarca todo el sistema migratorio estadounidense, bajo términos que los conservadores estrictos han buscado durante décadas.

Los líderes demócratas reaccionaron alarmados, diciendo que las demandas amenazan con quitarle autoridad a los propios enunciados del Presidente, donde prometió trabajar con ambos partidos para proteger a los Dreamers en una legislatura.

Los activistas de inmigración están ejerciendo presión para que los líderes demócratas rechacen una negociación que incluya las propuestas del Presidente. Pero los activistas de inmigración y derechos humanos también están bajo la presión de hacer algo por los Dreamers, ya que miles de ellos perderán en marzo sus permisos para trabajar y su protección contra la deportación si no se llega a un acuerdo.

La administración de Trump también está haciendo un llamado para una búsqueda de recursos que pagarían el salario de 370 jueces de inmigración adicionales, 1,0000 abogados del Gobierno y más espacio de detención para que los inmigrantes que lleguen a la frontera puedan ser detenidos, procesados y rápidamente enviados de regreso si no califican para quedarse más tiempo.

Las demandas de la administración Trump representan un cambio drástico en la política migratoria de los Estados Unidos y deben ser rechazadas. Adherirse a ellas por buscar una negociación para los Dreamers debe rechazarse a toda costa porque lastimaría gravemente el corte de la inmigración futura a los Estados Unidos, especialmente de Latinoamérica, lo cual es la meta final de los que hacen estas propuestas.

En su lugar, los inmigrantes y sus partidarios deben luchar por una propuesta “limpia” para proteger a los Dreamers, que abarque el asunto de manera específica y no caer en la tentación de sacrificar los intereses más amplios de futuros inmigrantes por hacer algo por los Dreamers ahora. Eso equivaldría a ganar la batalla pero perder la guerra.

Joseph S. Hughes, Esq. Es el fundador y operador de Hughes Law Office LLC. Ha ejercido la ley por más de 25 años. Tiene gran profundidad y experiencia, además de un registro de éxito manejando asuntos de inmigración. Él y su equipo son bilingües en inglés y español. Lo puede localizar por medio de su página de internet o al 269-473-2370.

 

 


 

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