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  • Edición impresa de Junio 20, 2017.

Gobierno argentino debe dar marcha atrás con política de quita de pensiones por discapacidad

El neoliberalismo del presidente argentino Mauricio Macri llegó demasiado lejos cuando el martes pasado se conoció la noticia de que el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, había recortado las pensiones por discapacidad, dejando a 70 mil beneficiarios de ese derecho sin cobrar lo que en muchos casos es su única entrada de dinero.

El argumento para realizar ese recorte fue que las pensiones no contributivas crecieron durante el anterior gobierno de Cristina Kirchner y que muchos discapacitados no eran sujeto de derecho de esa ayuda económica porque podían trabajar. Con el correr de las horas, se conocieron casos de personas con parálisis, amputación de miembros, ceguera y problemas mentales a las que el Estado no les había depositado su pensión.

Uno de los casos más reconocidos fue el de la deportista paralímpica Yanina Martínez, que ganó la medalla de oro en las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016 en la categoría de 100 metros llanos. La joven sufre una cuadriplejía moderada de nacimiento. El argumento del Estado para sacarle su beneficio fue que la última vez corrió con un sponsor financiando su deporte. Por supuesto, el escándalo fue tal que el Gobierno debió devolverle la compensación.

La indignación de la sociedad fue en aumento cuando el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, dijo: “Una persona con Síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara”. Fue entonces cuando desde las redes sociales ciudadanos justamente exasperados empezaron a organizar una manifestación en repudio a la medida.

Así, el jueves por la tarde cientos de personas junto con agrupaciones políticas, sociales y gremiales, se movilizaron al centro porteño pidiendo la marcha atrás del recorte. Muchos contaban sus casos, como Natalia, que tiene un hijo con tiene síndrome de West y cobraba 4,000 pesos mensuales. “Pero cada paquete de pañales son 164 pesos y cada sesión semanal de terapia 300», describió los gastos que le ocasiona la enfermedad y que cobrando incluso la pensión se le hacían difícil afrontar.

Ante el escándalo, el Gobierno no dio mayores explicaciones. La ministra Stanley sólo dijo que se había tratado de un “error” y que darían marcha atrás con lo dispuesto. No obstante, el episodio se inscribe en una política de ajuste del gasto público, que ya generó niveles de pobreza de más del 35% y una tasa de desocupación que, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), llegó en el primer trimestre del año al 9,2%, la más alta en la última década.

 

 


 

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