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  • Edición impresa de Mayo 16, 2017.

Polémica por el cierre de escuelas en Puerto Rico con motivo de la política de ajuste fiscal de la isla

La mayor crisis educativa en Puerto Rico comenzó hace pocos días, cuando el estado libre asociado a EE.UU. se declaró en quiebra para reestructurar una deuda fiscal de US$73,000 millones. Con motivo de ese ajuste, el Departamento de Educación —cuyo presupuesto de US$3,000 millones representa casi el 30% del total del de la isla— señaló que ahorrará US$7 millones cerrando escuelas. En total, 179 colegios dejarán de recibir a los estudiantes.

Se trata del cierre de mayor escala en la historia de Puerto Rico, que afecta a más de 2,700 maestros y supone el traslado de unos 27,000 alumnos a otras escuelas para el inicio del nuevo año escolar en agosto.

Quienes se oponen a la medida señalan que afectará a los estudiantes menos favorecidos, disminuirá la calidad y que miles de maestros no tendrán empleo en el futuro.

Hay que tener en cuenta que casi el 80% de los alumnos matriculados en las 1,332 escuelas públicas de la isla vive por debajo del umbral de la pobreza. Ese dato ilustra la situación que atraviesan los puertorriqueños, en una grave crisis económica que ha significado medidas de austeridad y un índice de pobreza del 45%.

Las críticas por la polémica medida no se hicieron esperar. “Los niños terminarán hacinados y miles de docentes van a quedar a la deriva”, reclamó en una entrevista Edwin Morales, vicepresidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico, un sindicato que agrupa a más de 3,000 profesores públicos. 

Su preocupación la comparten decenas de educadores y representantes, que el lunes de la semana pasada protestaron contra la medida en las entradas de los planteles localizados en diferentes regiones del territorio. 

Sin embargo, Morales reconoció que hubo una reducción significativa de población estudiantil debido a la migración en la última década de casi 450,000 puertorriqueños a EE.UU. y a la reducción en la tasa de natalidad en la isla.

El sistema escolar público pasó de tener casi 600,000 estudiantes en 2002 a 380,000 en 2015, según cifras del Consejo de Educación de Puerto Rico. Este fue uno de los factores que consideró el Departamento de Educación para decidir sobre el cierre de las 179 escuelas.

No obstante y más allá de los números, los más afectados por ese ajuste fiscal, además de los estudiantes, serán los maestros transitorios, que tienen contratos temporales de renovación anual. 

La funcionaria explicó que el presupuesto del año entrante podrá reducirse en un 10% al prescindir de muchos de estos contratos. 

Una determinación que preocupa a centenares de docentes que hoy en día trabajan bajo esa figura legal, quienes temen no poder encontrar empleo en el futuro. 

Los que apoyan el cierre de las escuelas señalan que algunas tienen infraestructuras en mal estado o una población estudiantil tan baja que no se justifica su manutención.

 

 

 


 

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