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  • Edición impresa de Julio 17, 2018.

¿INCOMPETENCIA O MALDAD?

Sólo hay dos maneras de interpretar la imagen de caos que reina dentro de la administración del presidente Donald Trump para cumplir con las órdenes judiciales que lo obligan a reunificar a los miles de niños migrantes, la mayoría procedentes de América Central, que fueron separados de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México. O se trata de un claro ejemplo de incompetencia por parte de las autoridades federales que no previeron con rigurosidad ni la identificación precisa ni un mecanismo eficiente para reunir eventualmente a padres e hijos, o es un maquiavélico acto concebido para sembrar confusión y alargar el proceso tanto como sea posible, a fin de disuadir a migrantes potenciales.

En favor de la primera interpretación opera el hecho de que el Gobierno federal se vio forzado a pedir una extensión del plazo impuesto por un juez de California para reunir a los niños menores de cinco años con sus padres en un plazo de 14 días, y a aquellos de entre 5 y 15 años en un plazo máximo de 30 días.

El Departamento de Justicia argumenta que requiere de más tiempo para llevar a cabo las verificaciones de la relación consanguínea entre niños y padres, a algunos de los cuales les están practicando pruebas genéticas. ¿Acaso no era posible establecer un método infalible de identidad antes del lanzamiento de la polémica política de “tolerancia cero” que fue estudiada durante meses?

Un método certificado de identificación era absolutamente posible, tal como ocurre en todos los hospitales de Estados Unidos y del mundo con miles de madres e hijos, a través de un brazalete de código de barras que hace virtualmente imposible la pérdida de infantes. En el colmo de la negligencia, medios estadounidenses reportaron la pérdida de los registros de familias separadas.

Pero la concepción misma de la política de tolerancia cero y de la separación familiar abona la interpretación de que se trató de un acto deliberado de malicia y que alargar el proceso ante los Tribunales forma parte de esa estrategia, como medio de disuasión. No importó el hecho de que la separación causará secuelas traumáticas vitalicias para miles de menores de edad inocentes.

Se supone que uno de los principios justicieros de Estados Unidos es que no se castiga a los hijos por los crímenes de sus padres. Es evidente, a la luz de las consecuencias de la política de tolerancia cero, que un grupo de funcionarios del Gobierno federal decidió concienzudamente hacer precisamente eso, castigar a menores indefensos por la conducta de sus padres. La conclusión inevitable es qué hay tanto incompetencia como malicia.

Hasta el momento, el único contrapeso real a las decisiones imprudentes de la administración del presidente Trump ha sido el Poder Judicial, porque el Congreso está perdido en acción. Enhorabuena que subsiste en esta Nación un poder que tiene un sentido de Justicia que impide que una crisis humanitaria se convierta en una tragedia vitalicia.

 


 

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